La mortalidad en accidentes de tráfico es un problema de Estado que entre 2004 y 2012 parecía en vías de solución. La reducción acelerada y sistemática de la siniestralidad es un mérito atribuible a los Gobiernos de Rodríguez Zapatero y estuvo fundada no solo en un endurecimiento legal de las infracciones de tráfico —incluido el carné por puntos—, sino en convencer a los conductores de que tales faltas iban a ser realmente castigadas a través de un sistema eficaz de detección en carretera, y no como sucedía cuando las multas de tráfico eran irrelevantes o incobrables.
La política se ha mantenido, pero las buenas noticias empiezan a agotarse. En marzo se contabilizaron 91 muertos, 22 más que en marzo de 2013; y en el fin de semana del 5 y 6 de abril, 20 personas murieron en la carretera, el peor balance desde agosto de 2012. La Operación Salida de Semana Santa (12,5 millones de desplazamientos) será un test decisivo al respecto. La interpretación más benévola es que se trata de repuntes coyunturales y que la tendencia general de los accidentes seguirá a la baja. Pero hay indicios que cuestionan el optimismo.