El debate sobre el uso obligatorio del casco por parte de los ciclistas en vías urbanas –en las interurbanas ya lo es–, medida prevista por el Gobierno en las modificaciones en curso de la ley de Tráfico y Seguridad Vial y del reglamento general de Circulación, ha subido enteros la pasada semana. Los últimos datos sobre accidentalidad que maneja la DGT (véase La Vanguardia del domingo 13 de octubre), según los cuales una tercera parte de los usuarios de la bicicleta que fallecieron en accidente el año pasado no llevaba puesta esta protección y, el anterior, siete de cada diez víctimas mortales sufrieron lesiones cerebrales, ha alimentado la controversia. Las entidades de defensa de este vehículo acusan al organismo que dirige María Seguí de presentar las cifras según su conveniencia e insisten en que la medida, de prosperar, desincentivará la utilización de las bicicletas, un extremo que la DGT no comparte. Al contrario, afirma que con la obligatoriedad se evitarán lesiones graves y muertes.
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